Parón patronal ante la deuda que mantiene la Administración Pública con el sector de empresas socio-sanitarias que atienden enfermos mentales.

R ESUMEN DE DATOS – ENFERMOS MENTALES CV

Centros afectados y plazas

En la Comunidad Valenciana existen 19 socio-sanitarios de atención a personas en situación de dependencia vinculados a Aerte con discapacitados y enfermos mentales, de los que 13 están afectados por la deuda del Consell; 8 de ellos en la provincia de Valencia (que representan el 42% del total en la Comunidad), 4 (21%) en la de Alicante, y uno en la de Castellón (5%).

En total, gestionan un millar de plazas, alrededor de 300 vinculadas a tutelados de la Generalitat Valenciana, representando el 7% del total de plazas residenciales y un 6% del conjunto global de familias atendidas en la red socio-sanitaria de la patronal, que agrupa al 85% de los operadores en la Comunidad Valenciana.

Estos centros emplean directamente a cerca de 500 trabajadores profesionales, así como generan en torno a un 15% más de empleo indirecto.

Deuda a fecha de hoy

La deuda contraído por la Administración con estos centros asciende a 13 millones de euros, esto es, un 17% del total de partidas adeudadas por el Consell al sector socio-sanitario agrupado en Aerte, cuyo cifra global supera los 75 millones de euros.

Concretamente, los centros de la provincia de Valencia soportan una deuda de 8.710.000 euros, a la que hay que añadir los 4.290.000 que no se han abonado a los 4 centros de la provincia de Alicante.

Si manejamos los datos globales del sector vinculado a la patronal en la Comunidad Valenciana (mayores, discapacitados, enfermos mentales…), la deuda asciende a más de 75 millones de euros, afecta a 25.000 familias, 13.000 trabajadores profesionales directos y 188 empresas.

Datos nacionales del sector socio-sanitario

Se estima que en España hay unos 260 centros específicos vinculados a la patronal nacional, de los que el 4,5% operan en nuestra autonomía. En la Comunidad Valenciana, el sector de la enfermedad representa un 6,5%.

Respecto a la situación general del sector socio sanitario en España, hay 4.010 residencias vinculadas a la FED, con 300.000 plazas, que son el 75% del total de las residencias que operan en España, si bien, si contamos las residencias públicas gestionadas por empresas privadas, nuestro sector supone el 85% del total.

Además, hay 2.075 centros de día, con 78.150 plazas; y existen 2.000 servicios de Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), que suponen el 90% de la gestión.

En total, 213.000 trabajadores directos y 100.00 indirectos.

Problemas en la gestión de la Dependencia

Hay una disparidad normativa con 17 leyes completamente diferentes

Los precios de concierto están por debajo de las exigencias normativas

Hay 40.000 plazas residenciales vacías en España, cerca de 4.000 en la Comunidad Valenciana

Los datos del Ejecutivo Central especifican que en España hay 1.045.624 personas con derecho a prestación mientras están atendidas sólo 739.949 de ellas.

El mal uso de la excepcionalidad planteada en la Ley ha provocado que, a pesar de existir recursos profesionales disponibles, se hayan concedido 419.787 prestaciones para Cuidadores Informales, que suponen el 56,73% de las prestaciones totales otorgadas.

Además, solo 169.307 de estos cuidadores informales no profesionales han suscrito convenio especial con la seguridad social, lo cual quiere decir que 250.480 (60%) son o mayores de 65 años o ya están trabajando

Una política que ha supuesto dilapidar 1.512 millones de euros –casi el total de la deuda adquirida con el sector-, en un modelo de atención precario, sin inversión, ni creación de empleo, ni retornos, ni disminución del déficit público.

Las Propuestas del sector:

Exigir a la administración de forma unida y conjunta con los usuarios, sus familiares y trabajadores el pago de la deuda, con el objetivo de no destruir el actual sistema del bienestar en España.

Reducir todos aquellos gastos en otros sectores que no son necesarios y básicos de la administración de forma que puedan atenderse de forma inmediata a todos los dependientes.

Modificar los baremos del Cuidador Informal supondría 800 millones de ahorro de forma inmediata, lo cual permitiría aumentar las PEVS en 80.000 usuarios más y crear 40.000 puestos de trabajo de atención de directa.

Exigir el control exhaustivo de las Prestaciones del Cuidador Informal, al objeto de que no se otorguen prestaciones que no garanticen la calidad del servicio.

No otorgar ninguna prestación al grado I en tanto no estén atendidos todos los grados ya reconocidos por la.

Apertura de líneas de financiación modelo confirming con el aval y garantía de la AGE.

Que se pueda compensar la deuda de la Administración con nuestras empresas con cargo a impuestos y cotizaciones.

COMUNICADO AERTE y ISPEM Parón patronal ante la deuda que mantiene la Administración Pública con el sector de empresas socio-sanitarias que atienden enfermos mentales.

10 de noviembre de 2011

Estimados amigos y amigas,

Hoy, centenares de centros de toda España se detendrán por unos minutos para protestar por la situación actual del sector socio-sanitario.

Una situación provocada por la deuda de la Administración Pública con los dependientes y los Centros que les prestan servicios profesionales. Seguimos sin respuesta y cada día que pasa la situación es más desesperada para las personas en situación de dependencia, los trabajadores que las atienden y los centros en los que son atendidas.

Por eso, hoy, queremos centrar nuestras reivindicaciones en los que peor lo están pasando;

Las personas con enfermedad mental

La deuda de la Administración ha llevado a éstas empresas al borde de la quiebra por los impagos del Consell. Una deuda que asciende a casi 13 millones de euros sólo en lo referido a las personas con enfermedad mental, superando ya lo 75 millones de euros si hablamos de todo el sector de la Comunidad Valenciana.

Si estos Centros y empresas quiebran, quiebra también el sistema de atención socio-sanitaria, quiebra el estado del bienestar, quiebra la atención y rehabilitación a personas con trastornos mentales graves que necesitan esa atención y servicios … quiebra, en definitiva, el derecho a disfrutar de los mismos derechos básicos que otro ciudadano.

La sociedad no es consciente de que la pérdida de plazas residenciales afecta no sólo a sus usuarios, que se quedarían en la calle.

Y todo por la despreocupación de la Administración. La situación desesperada del sector ha provocado ya el cierre de empresas -9 hasta el momento en nuestra autonomía-; y la pérdida de puestos de trabajo directos, alrededor de 400 el pasado año.

Si las palabras no se convierten en hechos, el sector socio-sanitario entrará en una situación crítica que provocaría el cierre de 200 empresas, así como la pérdida de 13.000 puestos de trabajo y, lo que es más grave, que cerca de 25.000 familias, con uno o varios dependientes atendidos en esta red, perderían su derecho legal a la atención por su dependencia.

Hoy, estamos juntos de nuevo empresarios, profesionales del sector, dependientes y familiares para reclamar nuestro derecho a una atención profesional y de calidad. A que se nos tenga en cuenta y se nos respete como ciudadanos, como seres humanos.

Y no sólo luchamos, y reivindicamos el pago de la deuda, por nuestros familiares y amigos, sino también por aquellos que no tienen voz propia; las personas con enfermedad mental tuteladas por la propia Generalitat, ingresados en los centros de la red socio-sanitaria de la patronal autonómica de la dependencia, a los que no ha abonado nada este año y que cuentan con deuda de algunas partidas desde 2007.

Son cerca de 300 dependientes tutelados por la Administración que no tienen a nadie.

La desprotección a la que se han visto abocados estas personas y la importante deuda de la Administración con los centros socio-sanitarios que se están haciendo cargo de ellos, que sólo en el ejercicio 2010 ya superaba los 2 millones de euros, han provocado una situación desesperada.

Si esto continua, antes de Navidad puede que ellos, y también nuestros familiares, se encuentren en la calle, junto con cerca de un millar de personas con enfermedad mental, 500 trabajadores y una docena de empresas.

Hoy, no queremos olvidarnos del drama que supone que la Administración deba a los dependientes cerca de 1.300 millones de euros en toda España, 75 de ellos en nuestra Comunidad.

Pero hoy, queremos que la sociedad entienda y sepa que, si empiezan los cierres de Centros, las personas con enfermedad mental somos los primeros de la lista.

Y que, mientras otros disfrutan de las fiestas navideñas, las personas con enfermedad mental estaremos en la calle, desatendidos, abandonados, con menos derechos sociales, como consecuencia de la despreocupación de nuestros gobernantes.

Hoy, empresarios, trabajadores, dependientes y familiares nos reunimos a las puertas de este centro, como ocurre en tantos otros en España, para reivindicar una solución;

El pago de las ayudas y servicios prestados. Y la atención profesionales a la que tenemos derecho reconocido por Ley.

Gracias a todos los que nos apoyan, a los que están hoy aquí.

Gracias a los trabajadores y empresarios que siguen en su puesto, que siguen luchando por seguir abiertos a pesar de la situación desesperada en la que nos ha puesto la Administración.

Gracias a todos (PAUSA).

Y, ahora, hagamos 3 minutos de silencio ante este centro.